RESOLUCIÓN DE CONFLICTO- LEGISLACIÓN
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
Articulo 116 Constitución Política Nacional Inciso 4°.
FUNDAMENTO LEGAL.
Ley Estatutaria 270 de 1996. Artículos 8° y 13.
Art. 8: “Mecanismos
Alternativos. La ley podrá establecer mecanismos alternativos al
proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los
asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios
por estos servicios.”
Inc. 3°:” Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de
conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad.”
Artículo 13: DEL
EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL POR OTRAS AUTORIDADES Y POR PARTICULARES.
Numeral 3°. “Los particulares actuando como conciliadores
o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley.
Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus
Entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a
seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje,
respetando, en todo caso los principios Constitucionales que integran el debido
proceso.”
Ley 640 de 2001.
DEFINICION:
ART 64 LEY 446 DE 1998:
“Es un mecanismo de resolución de conflictos por medio
del cual DOS O MAS
PERSONAS gestionan POR
SI MISMAS la solución de sus diferencias, con la ayuda de
un TERCERO NEUTRAL Y
CALIFICADO denominado CONCILIADOR.”
CLASES DE CONCILIACION ARTICULO 3 LEY 640 DE 2001. La conciliación podrá ser judicial si
se realiza dentro de un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes
o por fuera de un proceso judicial.
La
conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice a través
de los conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en
cumplimiento de funciones conciliatorias; y en equidad cuando se realice ante
conciliadores en equidad.
PARAGRAFO. Las
remisiones legales a la conciliación prejudicial o administrativa en materia de
familia se entenderán hechas a la conciliación extrajudicial; y el vocablo
genérico de "conciliador" remplazará las expresiones de
"funcionario" o "inspector de Trabajo" contenidas en normas
relativas a la conciliación en asuntos laborales.
2. JURISPRUDENCIA:
Sentencia
C 404 de 2016.
Naturaleza,
presupuestos y consecuencias de la conciliación
Desde sus inicios la Corte Constitucional ha
avalado la figura de la conciliación como mecanismo de resolución de
conflictos, fundamentando su constitucionalidad en el deber que tienen el
Estado y los particulares de contribuir al mantenimiento de la paz social. Esta
Corporación ha puesto de presente que la posibilidad de que las partes en
conflicto lleguen a una solución de manera autónoma, sin necesidad de que un
tercero les imponga la solución, contribuye enormemente al logro de la paz. Al
respecto, la Sentencia C-165 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz), sostuvo:
“Es pertinente anotar que la
conciliación es no solo congruente con la Constitución del 91, sino que puede
evaluarse como una proyección, en el nivel jurisdiccional, del espíritu
pacifista que informa a la Carta en su integridad. Porque, siendo la
jurisdicción una forma civilizada y pacífica de solucionar conflictos, lo es
más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante, pues esta
modalidad puede llevar a la convicción de que de la confrontación de puntos de
vista opuestos se puede seguir una solución de compromiso, sin necesidad de que
un tercero decida lo que las partes mismas pueden convenir.”
Sin duda, la
posibilidad de llegar a una solución a través de una interacción directa entre
las partes en conflicto les permite ejercer de manera más amplia su libertad
personal y en algunos casos facilita el mantenimiento de buenas relaciones
interpersonales. Así mismo, las partes se ven más comprometidas con las
soluciones adoptadas por ellos mismos, que con aquellas impuestas por un
tercero. Por lo tanto, los llamados mecanismos “autocompositivos” de resolución
de conflictos le dan sostenibilidad a la paz, y permiten una satisfacción más
completa de los intereses de las partes en conflicto. Sin embargo, la Corte ha
avalado este tipo de mecanismos también por otras razones.
Al estudiar la Ley
estatutaria de la administración de justicia, la Corte en la Sentencia
C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) relacionó el fundamento
constitucional de la conciliación no sólo con el logro de la paz, sino con los
principios y valores fundamentales establecidos en la Carta, así como con la
eficiencia en la administración de justicia, debido a la congestión crónica que
ésta padece. Al respecto dijo:
“Como se ha expuesto a lo largo de esta providencia, el propósito
fundamental de la administración de justicia es hacer realidad los principios y
valores que inspiran al Estado Social de Derecho, entre los cuales se
encuentran la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las
relaciones sociales, es decir, la convivencia (Cfr. Preámbulo, Arts. 1o y 2o
C.P.). Con todo, para la Corte es claro que esas metas se hacen realidad no
sólo mediante el pronunciamiento formal y definitivo de un juez de la
República, sino que asimismo es posible lograrlo acudiendo a la amigable
composición o a la intervención de un tercero que no hace parte de la rama
judicial. Se trata, pues, de la implementación de las denominadas “alternativas
para la resolución de los conflictos”, con las cuales se evita a las partes
poner en movimiento el aparato judicial del país y se busca, asimismo, que a
través de instituciones como la transacción, el desistimiento, la conciliación,
el arbitramento, entre otras, los interesados puedan llegar en forma pacífica y
amistosa a solucionar determinadas diferencias, que igualmente plantean la
presencia de complejidades de orden jurídico. …”
“Para esta Corporación, las formas
alternativas de solución de conflictos no sólo responden a los postulados
constitucionales anteriormente descritos, sino que adicionalmente se
constituyen en instrumentos de trascendental significado para la descongestión
de los despachos judiciales…”
Con todo, la Corte
ha establecido una distinción entre la conciliación y otros mecanismos
alternativos de resolución de conflictos. Estas distinciones no son meramente
doctrinarias, académicas o conceptuales. Por el contrario, las diferencias
entre estos mecanismos tienen importantes repercusiones constitucionales. Así,
en el Auto A-070 de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz) y en la Sentencia
C-1281 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) la Corte ha
diferenciado entre la conciliación y el allanamiento a las pretensiones del
demandante, en el cual éste no está transando frente al demandado o frente a un
tercero. A diferencia de lo que ocurre en la conciliación, en el allanamiento
el demandado o el tercero reconocen sin objeciones el derecho que le asiste al
demandante. Por lo tanto, aun cuando la Corte ha cerrado la posibilidad de la
conciliación sobre derechos fundamentales, ha avalado la posibilidad del
desistimiento frente al allanamiento del demandado, en la medida en que lo
concibe no como una forma de transacción sino como una forma de protección de
los derechos fundamentales.
Por su parte, la Corte Constitucional en
la Sentencia C-160 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell)
caracterizó la conciliación como un tipo particular de mecanismo de solución de
conflictos, a partir de los siguientes seis elementos: 1) es un mecanismo de
autocomposición, 2) preventivo o previo, que 3) no corresponde a una actividad
judicial, 4) es eficiente, 5) versa sobre conflictos susceptibles de
transacción, y 6) debe estar regulado por el Congreso. Cada uno de estos
elementos tiene repercusiones respecto del alcance constitucional de la
conciliación. Para efectos de la presente sentencia, la Corte abordará tres de
estas características, analizando sus implicaciones desde el punto de vista
constitucional. En particular, esta Corporación se referirá al carácter
autocompositivo de la conciliación, a su naturaleza no judicial, y al tipo de
conflictos que pueden ser resueltos a través de este mecanismo, como se verá a
continuación.
Así mismo, la Corte
ha establecido una distinción entre dos acepciones del término conciliación.
Por un lado, sostuvo que desde el punto de vista sustantivo la conciliación
denota un acuerdo entre dos o más partes en un conflicto. Por el otro, desde
una perspectiva procedimental la conciliación se refiere, no al resultado, sino
al momento procesal o al trámite por medio de la cual se pretende llegar a
dicho acuerdo, y en particular, a la relación que existe entre la conciliación
y los medios jurisdiccionales de resolución de conflictos. Esta puede estar
inserta como actuación de un proceso judicial (p. ej. la audiencia establecida
en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil), constituir un requisito
previo, necesario para que el demandante acceda a dicho proceso judicial (como
lo es en el ordenamiento laboral), o puede constituir una actuación
independiente, que no está inserta como un prerrequisito ni como una etapa de
un proceso judicial. Así, desde el punto de vista procedimental, la conciliación
puede ser judicial, prejudicial o extra-judicial. Con respecto a la naturaleza
sustancial o procedimental de la conciliación, la Corte en la Sentencia
C-1195 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), sostuvo:
“El término conciliación tiene dos sentidos
distintos según el contexto en que es utilizado: uno procedimental y otro
sustancial. En relación con su acepción procedimental, la conciliación es “un
mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas
gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un
tercero neutral y calificado, denominado conciliador.” Según esta
acepción, la conciliación es apenas una serie de pasos preestablecidos que
tiene por objeto eventual, no necesario la celebración de un acuerdo
entre dos o más personas. No obstante, el término conciliación también se
refiere al acuerdo al que se llega mediante la celebración del procedimiento
conciliatorio. En este segundo sentido sustancial, la conciliación se
materializa en un acta que consigna el acuerdo al que llegan las partes,
certificado por el conciliador.”
Ahora bien, el
carácter autocompositivo de la conciliación tiene
consecuencias respecto de quién y cómo se resuelve el conflicto. Si bien el
artículo 116 de la Constitución se refiere a la conciliación en la misma
disposición en que enuncia algunos mecanismos propios de la administración de
justicia, la Corte ha sostenido sistemáticamente desde la misma Sentencia
C-066 de 1999, que en todo caso, la conciliación no es una actividad
judicial. Ello es así desde una perspectiva tanto orgánica como material.[2] En primer lugar, porque al tratarse
de un mecanismo de autocomposición son las partes, y no el juez, quienes en
últimas deciden cómo resolver el conflicto. Por lo tanto, al margen de que sea
el juez quien actúa como conciliador o como garante del acuerdo de
conciliación, éste no está propiamente desempeñando una actividad judicial. Por
otra parte, no constituye una función judicial desde un punto de vista
material, porque la solución no corresponde a la aplicación de normas jurídicas
en casos concretos conforme al artículo 230 de la Constitución, sino que está
abierta a la libre disposición de las partes. Por supuesto, este tipo de
decisiones pueden estar más o menos mediadas por las gestiones que lleva a cabo
un conciliador, quien como ya se dijo, puede ser un juez. Sin embargo, la labor
del conciliador no es la de decidir con autoridad la manera como se debe
resolver el conflicto, sino proponer soluciones que resulten aceptables para
las partes. Son ellas quienes en últimas deciden si adoptan o no las
sugerencias que les hace el conciliador. De lo anterior es necesario concluir
que la autonomía de la voluntad juega un papel fundamental en la solución que
adoptan las partes dentro de una conciliación.
La importancia que adquiere la voluntad de las
partes en el diseño y la adopción de soluciones en la conciliación tiene
repercusiones constitucionales. Sin duda, tal y como lo ha sostenido esta
Corporación en múltiples oportunidades, aun cuando está sujeto a los principios
de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, el Congreso cuenta con un
amplio margen de configuración legislativa para regular la conciliación.[3] En ejercicio de este margen de
configuración el Congreso tiene la potestad para establecer, entre otras, las
materias que son susceptibles de conciliación y las condiciones subjetivas que,
en materia de capacidad y de consentimiento, deben tener las partes para poder
conciliar. Así, la Sentencia
C-893 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), sostuvo:
“La conciliación es un mecanismo
excepcional, porque dependiendo de la naturaleza jurídica del interés
afectado, sólo algunos de los asuntos que podrían ser sometidos a una decisión
jurisdiccional, pueden llevarse ante una audiencia de conciliación. En general,
son susceptible de conciliación los conflictos jurídicos que surgen en relación
con derechos disponibles y por parte de sujetos capaces de disponer.”
En relación con el objeto de este mecanismo
alternativo de resolución de conflictos, la Corte ha dicho que la conciliación
únicamente puede versar sobre conflictos susceptibles de disposición por las
partes. Ello supone dos tipos de límites, unos subjetivos y otros
objetivos. En relación con los límites subjetivos, las partes deben tener la
capacidad de disposición sobre aquello que es objeto de conciliación. Es decir,
las partes deben ser titulares de los derechos objeto de la conciliación, o
tener la legitimidad para disponer sobre los intereses a conciliar, tener la
representación para disponer de ellos, o en cualquier caso tener la facultad de
disposición con fundamento en algún título de carácter jurídico. Por lo tanto,
la Corte ha sostenido que no resulta aceptable la conciliación en materias que
comprometan, entre otros, el interés público,[4] como en lo relacionado con el estado
civil de las personas, la legalidad de los actos administrativos,[5] los derechos y obligaciones ciertos
e indiscutidos,[6] la vigencia y efectividad de los
derechos fundamentales.[7]
·
La sala laboral de la Corte suprema de justicia en
sentencia 63129 del 29 de mayo de 2019
con ponencia del magistrado Gerardo Botero Zuluaga la define así:
«Partiendo de lo
anterior, sobre la conciliación en materia laboral, la Corte ha señalado, que
en el mismo sentido que ocurre en otras ramas del derecho, es un mecanismo de
autocomposición, que con la ayuda de un tercero componedor, busca resolver las
diferencias surgidas entre trabajador y empleador en el transcurso del contrato
de trabajo, efectuándose concesiones mutuas.»
La conciliación no es un contrato sino un acuerdo
respecto de uno o más asuntos en frente a los que existe una duda o discusión,
con la intención de finalizar o evitar un conflicto para evitar un proceso
judicial, y de allí que se considera como una solución alternativa de
conflictos.
Requisitos de la conciliación
laboral.
Para que una conciliación laboral sea válida se
deben cumplir una serie de requisitos formales y de fondo como el tipo de
derecho conciliable, la competencia del conciliador y las partes que concilian,
y el contenido del acta de conciliación.
Derechos laborales que se
pueden conciliar.
La conciliación laboral procede únicamente respecto
a derechos inciertos y discutibles, de manera que no se puede conciliar un
derecho cierto e indiscutible.
La conciliación es un acuerdo cuando existe dudas
sobre la procedencia o no de un derecho, y esa duda existe sólo respecto a
derechos inciertos o que son discutibles.
Sobre los derechos inciertos y
discutibles.
Es claro que no se pueden conciliar los derechos
mínimos legales, ni los derechos ciertos e indiscutibles, así que debemos tener
claro cuáles son esos derechos que se pueden conciliar.
Al respecto la sala laboral de la Corte suprema de
justicia en sentencia 63129 del 29 de mayo de 2019 señaló:
«Sin embargo, en este campo, ese ejercicio
preventivo y solucionador de conflictos, tiene límites en el respeto a los
derechos mínimos, ciertos e indiscutibles del trabajador, entendidos aquellos,
como los que se han configurado por haberse cumplido los supuestos de hecho que
determinan las normas que los consagran, por lo que para que pierda esa
connotación, esto es, que un derecho sea discutible, y por ende susceptible de
ser negociado, no basta con que el empleador lo cuestione en el llamado
judicial, de manera tal que cualquier beneficio o garantía pueda ser
renunciable por el trabajador, so pretexto de que el empleador controvierta su nacimiento,
por lo que, se ha señalado, que «…un derecho será cierto, real, innegable,
cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y
exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su
exigibilidad…» (CSJ SL, 14 dic. 2007, rad. 29332 y CSJ SL4464-2014, entre
otras).»
Si en el contrato de trabajo se acordó por escrito
un salario de $2.000.000 mensuales, el monto de ese salario se torna cierto e
indiscutible, pues está respaldado por las dos partes mediante un documento
firmado, por lo tanto el monto de salario no es conciliable.
Distinto sucede con las horas extras, donde el
trabajador puede alegar que las laboró y el empleador alegar que no, y si no
hay una prueba contundente, será un derecho discutible y por tanto conciliable.
De otra parte los derechos mínimos legales no se
pueden conciliar, como es el salario mínimo, de modo que no se puede conciliar
sobre un salario que sea inferior al mínimo en los casos en que el monto del
salario está en discusión.
Ni se puede conciliar el derecho la prima de
servicios ni a las cesantías, aunque sí el monto de estas cuando está en
discusión la base sobre la que se deben calcular esos conceptos
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